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Los activos digitales también conocidos como criptomonedas se han convertido en un objeto de deseo para más de una persona, sobre todo, después de que este año presentaran un aumento de valor considerable.
Algunos analistas consideran que este aumento ha sido favorecido por las circunstancias en las que se encuentra la economía mundial a causa del coronavirus, ya que han visto en los activos digitales un refugio ante la incertidumbre.
Sin embargo este creciente interés y la falta de información respecto a los activos digitales ha causado que algunas personas sean defraudadas bajo falsos esquemas de inversión o fraudulentas ofertas.
En Brasil se está llevando a cabo una investigación relacionada a una estafa en la cual es posible que se hayan visto afectadas y defraudadas decenas de miles de brasileños.
De acuerdo con las autoridades de Brasil, los estafadores engañaron a las personas por medio de la promesa de que tendrían retornos exagerados, además de haber falsificado los supuestos lugares en los que se invirtieron los fondos, logrando hacerse de 200 millones de dólares en activos digitales.
En apoyo a esta investigación el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Department of Justice o DOJ) señaló que logró confiscar una 24 millones de dólares en activos digitales. Esta acción fue realizada después de recibir una solicitud oficial por parte del gobierno de Brasil.
Por medio de un comunicado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó accedió a la solicitud realizada por el país sudamericano, como parte del tratado de cooperación firmado entre ambas naciones con respecto a la "Asistencia Legal Mutua en Materia Penal".
Este fraude está siendo investigado por la policía federal brasileña como parte de la Operación Egypto, lanzada en mayo de 2019 con el objetivo de investigar las instituciones financieras que operan sin la autorización del Banco Central, así como otros delitos como la malversación de fondos y el lavado de dinero.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, las confiscaciones estaban vinculadas a las supuestas actividades delictivas del brasileño Marcos Antonio Fagundes por su supuesto papel en dicho fraude.
Fagundes y sus cómplices, aún no identificados, fueron acusados por haber realizado una serie de violaciones penales de la ley brasileña. Entre los delitos imputados al acusado se encuentran: el funcionamiento de una institución financiera sin autorización legal, apropiación indebida y lavado de dinero, así como violaciones a la ley de valores.
A través de la compañía InDeal, con sede en la ciudad brasileña de Novo Hamburgo, Fagundes operaba con intercambios de cifrado establecidos en los Estados Unidos, China, Japón y Malasia.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia de agosto de 2017 hasta mayo de 2019, Fagundes y otros demandados retuvieron los fondos que solicitaron a posibles inversores de una manera que los sometió a la regulación como institución financiera bajo la ley brasileña.
A través de internet, teléfono y otros medios los inculpados solicitaron a los inversores proporcionar dinero a las corporaciones que controlaban en moneda brasileña o criptomoneda, para que estas empresas posteriormente invirtieran en una variedad de tipos de moneda virtual.
De acuerdo con las autoridades brasileñas, solamente se realizó una inversión mínima de fondos en activos digitales, regresando de igual forma, una cantidad muy pequeña a los inversores.
Es por ello que actualmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que se encuentra colaborando con las autoridades brasileñas de manera estrecha, con la finalidad de lograr "restringir la moneda virtual y preservarla para los procedimientos de decomiso pendientes en Brasil, con el objetivo de compensar a los inversores que fue ron víctimas de este esquema de inversión fraudulento".
El documento presentado por el Departamento de Justicia puntualizó que la firma de activos digitales que tiene en su poder las cuentas, cooperó con las autoridades policiales pertinentes para llevar a cabo la ejecución de dicha incautación. No obstante, las autoridades no dieron a conocer el nombre de la mencionada firma de cifrado que cooperó.
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