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El pasado miércoles 20 de mayo, el Consejo Administrativo para la Defensa Económica (CADE), actual organismo de control antimonopolio de Brasil, realizó una votación para determinar si continúa o no con su investigación de las instituciones financieras que negaron los servicios financieros a los agentes de cifrado en una supuesta violación de la ley de competencia del país sudamericano.
La averiguación que tuvo una duración de casi dos años por parte del Consejo Administrativo para la Defensa Económica, realizada a Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Santander, Inter, Bradesco y Sicredi, nuevamente se encuentra en manos de la Superintendencia General con la finalidad de llevarse a cabo una revisión adicional, de acuerdo con la decisión del tribunal principal del CADE.
Las seis instituciones bancarias que se encuentran bajo investigación, comprenden en su conjunto la mayor parte del sector bancario de la nación de Sudamérica.
El fallo formulado por un tribunal de siete miembros, puso nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que estos bancos, los cuales juntos contaban con más del 80 por ciento de la participación en el mercado de depósitos durante el tiempo anteriormente mencionado, pudieran enfrentar sanciones eventuales e incluso ser obligados a brindar servicios financieros a crypto brokers.
Esta determinación parecía en cierto punto algo improbable debido a que la Superintendencia General, la sección de investigación del CADE, intentara cerrar el caso por razones técnicas. Sin embargo, el pasado 13 de mayo, la consejera Lenisa Rodrigues Prado llamó al CADE a reabrir su investigación.
Desde el punto de vista de Prado, las instituciones financieras no fueron capaces de presentar una justificación lo suficientemente razonable, para excluir a los agentes de cifrado. Además se localizó "evidencia significativa" de que las entidades señaladas habían violado las leyes brasileñas encargadas de resguardar la competencia en el mercado, por lo que se realizó la petición de que el CADE iniciara una investigación de sanciones.
Por su parte, un antiguo empleado del Consejo Administrativo para la Defensa Económica, Fernando de Magalhães Furlan, encargado de encabezar la Asociación Brasileña de Criptomonedas y Blockchain (ABCB) contra los bancos, mencionó que el fallo "es una victoria para el sector criptográfico brasileño. ABCB representa a 39 agentes de cifrado, según Furlan.
Tanto los corredores de activos digitales, al igual que las instituciones financieras de Brasil, habían estado en desacuerdo antes de que el CADE presentara su averiguación en septiembre de hace dos años, es decir en, 2018.
Los bancos, fatigados de que existiera un área gris legal dentro de la comercialización de las monedas virtuales en la nación sudamericana, decidieron cerrar cuentas de corretaje de activos digitales.
De esta forma, sin la existencia de cuentas de corretaje, las casas de cambio de criptomonedas como Nox Bitcoin no podrían proporcionar de manera fácil rampas de entrada y salida de efectivo a sus clientes. El fundador João Paulo Oliveira dijo que Banco Bradesco cerró su cuenta de corretaje.
Es así que, dicho patrón se fue extendiendo a lo largo del panorama cripto de Brasil, señaló Furlan, quien como director administrativo de ABCB, solicitó por primera vez una investigación al CADE en abril de 2018.
Por su parte, la institución financiera Itaú Unibanco señaló que no aceptaba dichas acusaciones. Y a través de un un portavoz la firma dijo que :
“Itaú siempre ha guiado sus prácticas comerciales basadas en la defensa de la libre iniciativa y la competencia, así como en el entendimiento de que la competencia es positiva no solo para el sistema financiero, sino para todo el país".
Al parecer, hasta el momento no hay evidencia alguna de que los bancos sistematizaron sus decisiones, señaló el encargado de encabezar la Asociación Brasileña de Criptomonedas y Blockchain.
De hecho, de acuerdo con Furlan, hubo un intento de un funcionario de CADE en diciembre del año pasado, de abandonar el caso, el cual se debió en parte a la incapacidad individual de los bancos para controlar el mercado.
Furlan señaló que se trató de una distinción sin diferencia, ya que cuatro de los bancos involucrados en la indagación, forman parte de los cinco más grandes de la nación de la samba.
Por su parte, el Consejo Administrativo para la Defensa Económica, señaló que en 2017, un año antes de que iniciara su propia averiguación, los seis bancos ya mencionados, en su conjunto contenían más del 80 por ciento de los depósitos brasileños.
Asimismo, otro argumento señalado por Furlan, es que el primer fallo del CADE tuvo a bien basarse en el temor de las instituciones financieras de que los agentes de cifrado los expusieran al lavado de dinero. No obstante, los integrantes del panorama de los negocios de cifrado rechazaron dicha afirmación.
"Hacemos un mejor trabajo al verificar la legitimidad del dinero que tocamos que los bancos y agencias gubernamentales", dijo Fabiano Dias, vicepresidente de operaciones de LATAM para la empresa de activos digitales Bitwage.
“Para nosotros, las empresas de cifrado, sé que también puedo hablar por nuestros socios en Brasil, confiamos en nuestros procedimientos [conoce a tu cliente], asegurándonos de que solo estamos habilitando profesionales legítimos, ayudándoles a agregar eficiencia a sus pagos y finanzas”, dijo.
Es así que, de acuerdo con el segundo banco más grande de Brasil, Itaú, "sigue confiando en que su conducta se considerará legal y válida".
"Si se reabre la investigación, el banco continuará colaborando con CADE en las aclaraciones necesarias", señaló un portavoz de la institución.
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