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La Primera Comisaría de la División de Investigaciones de los Delitos contra la Administración, adscrita al Departamento de Policía de Protección de la Ciudadanía (DPPC) de Brasil, incautó este 22 de julio la suma de $172 millones de reales ($33 millones de dólares estadounidenses) en el marco de una investigación sobre blanqueo de capitales con exchanges de criptomonedas que operaban en ese país.
Como parte de este operativo denominado “Transacción de cambio” se lograron congelar cuentas e incautar los bienes de dos individuos y 17 empresas jurídicas que no fueron mencionadas por sus nombres públicos.
Las supuestas compañías estaban ubicadas en São Paulo, el centro más cosmopolita del país y Diadema, localidad situada dentro del Gran São Paulo, a 17 km del centro de esa ciudad.
El comunicado oficial de la Policía Civil brasileña indica al respecto que:
"Las investigaciones preliminares mostraron que las empresas hacían grandes transacciones de fondos entre ellas y luego enviaban los montos a los corredores, responsables de la adquisición de activos digitales, para luego entregar a sus clientes el código de validación de la criptomoneda (hash), que puede ser utilizado en cualquier parte del mundo sin la posibilidad de rastrear o vincular al origen".
De acuerdo a los datos de la unidad de inteligencia, una de estas corredurías mantenían vínculos financieros, casi exclusivamente, con empresas ficticias/o no identificadas, descubriendo que en un lapso de 5 meses negoció aproximadamente 10 millones de BRL en monedas virtuales con al menos 6 empresas ficticias, e indicaron que otras 8 empresas adquirieron, en el mismo período, cerca de 15 millones de BRL en monedas virtuales.
Los exchanges investigados no realizaban la debida verificación de la legitimidad de las entidades con las que operaban ni revisaban el origen de las transacciones, según comentaron las fuentes policiales, añadiendo que operaban en nombre de una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de dinero a través de criptodivisas.
Las sumas de dinero negociadas eran transferidas a empresas offshore y posteriormente repatriadas simulando, para engañar a las autoridades, operaciones de venta o prestación de servicios y dando así un aspecto lícito al dinero que recibían.
Otro detalle producto de las investigaciones preliminares es que las empresas llevaban a cabo grandes transacciones entre ellas y posteriormente dirigían el dinero a varios intermediarios, los cuales se encargaban de la adquisición de activos digitales y de la entrega de un código hash a sus clientes.
Las autoridades de Brasil se han mantenido en constante vigilancia de las empresas cripto para evitar el lavado de dinero a través de estas instituciones, logrando, eventualmente, obtener resultados concretos para desarticular bandas criminales internacionales que manejan grandes sumas de dólares con fines ilícitos.
Un ejemplo es la captura del “rey del Bitcoin”, un reconocido gurú basileño que fungía como presidente del Grupo Bitcoin Banco, una compañía de corretaje de Bitcoin, que fue arrestado a principios del mes de julio de este año por concretar una millonaria estafa por medio de criptomoneda.
Producto de las investigaciones se supo que este sujeto logró apoderarse de aproximadamente $300 millones de dólares y actualmente enfrenta cargos de quiebra, malversación de fondos, funcionamiento de una organización criminal en Brasil y lavado de dinero.
También se puede mencionar el desmontaje, por parte de la Policía Federal brasileña, de una organización que se apoderó de $1,500 millones de reales (unos $3,000 millones de dólares) de alrededor de 7 mil inocentes clientes de quienes captaron recursos con ofrecimientos de elevadas ganancias al adquirir criptomonedas.
Según las investigaciones, los recursos financieros de las víctimas fueron desviados por el propietario del grupo financiero, su esposa y otros investigados (familiares y allegados), que captaron las diversas inversiones gracias a tres diferentes firmas fantasmas.
Las pesquisas a este grupo se iniciaron en el 2019 cuando se presentaron denuncias de gente que alegaba haber sido víctima de un ataque cibernético, descubriéndose que los responsables de la estafa operaban principalmente en la sureña ciudad de Curitiba.
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