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Dos casas de intercambio de activos digitales ubicadas en Brasil tuvieron que cerrar sus puertas, debido a la presión ejercida por las autoridades fiscales del país sudamericano, así lo señaló el sitio web especializado, Portal do Bitcoin la semana pasada.
Los intercambios afectados, Acesso Bitcoin y Latoex (anteriormente conocido como E-juno), tuvieron que salir del mercado, debido a una serie de amenazas de multas severas del Departamento de Ingresos Federales, debido a la implementación de una reciente legislación, la Instrucción Normativa 1888.
Debido a que actualmente no existe una normatividad legal en cuanto a las monedas digitales en Brasil, hasta el momento la principal regulación del universo de los activos digitales proviene de la Instrucción Normativa 1888, la cual fue implementada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en mayo del año pasado, y entró en vigor desde el 1 de agosto del mismo año.
De acuerdo con la normativa, todas las transacciones realizadas por los intercambios brasileños deben ser informadas de manera mensual al Servicio Federal de Ingresos, independientemente de la cantidad. Por tanto, si el corredor no cumple o presenta alguna inexactitud en la declaración, éste se verá obligado a pagar una multa. La falta de declaración con los ingresos puede ir desde los 500 reales o mil 500 reales por mes.
“Después de que el Servicio de Ingresos Federales introdujo estas reglas, notamos una disminución significativa en el volumen negociado. También sentimos que el mercado se ha enfriado para intercambios más pequeños”, señaló al Portal do Bitcoin Pedro Nunes, cofundador de Acesso Bitcoin, compañía ubicada en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil.
Cabe señalar que el cofundador de la casa de cambio señaló que los clientes pueden retirar fondos en real brasileño, además de recomendarles transferir los fondos de Bitcoin a otros intercambios.
"Recomendaremos que cualquier persona que tenga fondos en BTC [Bitcoin] se transfiera a otros intercambios. Aquellos que tienen fondos en BRL [Real brasileño], pueden realizar retiros en cualquier momento, dentro de los términos que se practicaron mientras estábamos operando normalmente”.
A pesar de las críticas que ha generado esta medida, los corredores de monedas digitales que han dado su punto de vista sobre la situación al Portal Bitcoin, señalaron que han comenzado a implementar los cambios. De igual manera, señalaron que las reglas podrían representar una maduración del mercado.
Como se señaló anteriormente, aunque no existe actualmente alguna legislación para la industria de las monedas digitales en el país de América del sur, el Congreso Nacional de Brasil está considerando varias propuestas que regularían los intercambios de criptomonedas que operan en el país.
En específico, se trata de tres opciones que tienen en la mesa: los proyectos de ley 2303/2015, PL 3825/2019 y PL 3949/2019, mismos que podrían volver un poco difíciles las cosas para las criptobolsas que operan en el país. Sin embargo, todos los proyectos aún se encuentran en la fase de debate.
No obstante, en la Cámara de Diputados, el principal es el proyecto de ley es el 2303/2015, el cual fue redactado por el diputado federal Aureo Ribeiro (SD-RJ). Este proyecto fue archivado a fines de 2018, como es común al final de cada legislatura y regresó a la agenda en marzo del año pasado, cuando también se creó una comisión especial para analizarlo.
En el Senado se encuentra el proyecto de ley PL 3825/2019, de Flávio Arns (Rede-PR), y el PL 3949/2019, de Styvenson Valentim (Pode-RN), el primero de los cuales está en progreso. Ambos tienen como objetivo definir reglas para el mercado, con un enfoque en la protección de los inversores y las reglas que deben seguir los corredores
Lo que se sabe a grandes rasgos de estos tres proyectos, es que el PL 3825/2019 introduciría sanciones por la "gestión fraudulenta e imprudente de los intercambios de cifrado", y el PL 3949/2019 "establece las condiciones para el funcionamiento de los intercambios de cifrado" y "define los delitos contra el sistema financiero nacional".
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