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La semana pasada, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dio a conocer una licitación de reglamento que señala que las empresas deben brindar datos personales sobre los clientes que utilizan carteras auto alojadas, con la finalidad de realizar transacciones en activos digitales.
De acuerdo con la FinCEN, se está tratando de tocar el tema del flujo de financiamiento ilegal, no obstante, sin embargo otros como la Electronic Frontier Foundation (EFF), señalan que la iniciativa propuesta representa una ofensa a la privacidad individual.
Los asesores de la organización sin ánimo de lucro enfocada en conservar los derechos de libertad de expresión en Estados Unidos, junto con Marta Belcher y Aaron Mackey, abogados de EFF, señalaron que:
“A la Electronic Frontier Foundation le impacienta que el gobierno de los Estados Unidos haya tomado cada vez más medidas para minar el anonimato de las transacciones de activos digitales e importar la vigilancia financiera generalizada del sistema bancario tradicional a las monedas virtuales”.
Es así que la regulación propuesta por la Financial Crimes Enforcement Network, misma que es dirigida por Steve Mnuchin, actual secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se ha colocado en el ojo público en las últimas semanas.
The Trump administration snuck in a rulemaking proposal late Friday that would damage the privacy of self-hosted cryptocurrency wallets, and is allowing just two weeks for comments. https://t.co/4IGwXAXD6D
— EFF (@EFF) December 21, 2020
La Electronic Frontier Foundation se ha encargado de señalar y enumerar una serie de inquietudes sobre la propuesta realizada por la Financial Crimes Enforcement Network, dentro de las que se encuentra el riesgo de disminuir la privacidad en el espacio de las criptomonedas.
“La regulación permitiría que las personas que recolectan monedas digitales en sus propias billeteras no podrían realizar transacciones anónimas con personas que almacenan sus activos virtuales en una empresa de servicios monetarios”, señalaron tanto Belcher como Mackey.
De igual manera, la EFF le aguarda una serie de temores, relacionados con que el gobierno de los Estados Unidos pueda acceder a datos mucho más allá de lo que cubre la propia mencionada regulación. Cabe señalar que los activos digitales, como es el caso de Bitcoin, tienen datos de transacciones almacenados permanentemente por medio de una cadena de bloques pública.
Al respecto, Belcher y Mackey señalaron que el requisito de informes propuesto podría significar que “el gobierno puede tener acceso a una cantidad masiva de datos más allá de lo que la regulación pretende cubrir”.
Una tercera razón brindada por los abogados señala que “podría obstaculizar una adopción más amplia de wallets y tecnologías autohospedadas que dependen de ellas”.
Al enmarañar los requerimientos vinculados con las transacciones, Belcher y Mackey puntualizaron que existe la posibilidad de que sea difícil implementar escenarios que involucren intercambios descentralizados.
Finalmente, Belcher y Mackey mencionaron que la propuesta no comprende la existencia de dichas herramientas, con la finalidad de brindar privacidad financiera y anonimato.
“A este respecto, las regulaciones propuestas son parte de una tendencia preocupante más grande del gobierno de los Estados Unidos. Que extiende la vigilancia financiera del sistema bancario tradicional a las criptomonedas”, puntualizan los abogados
La propuesta realizada por la Financial Crimes Enforcement Network propone reclamar a las compañías de servicios monetarios (MSB), el envío de datos personales de cada individuo que realice transacciones que estén involucradas con “monedas virtuales convertibles (CVC) o activos digitales con estado de curso legal (LTDA)”.
Es importante considerar que las CVC se definen como medios de intercambio, como los activos digitales, que no tienen curso legal, como el activo desarrollado por Satoshi Nakamoto. Por el contrario, los LTDA tienen curso legal.
El objetivo de la mencionada regulación es “afrontar la amenaza de financiamiento ilícito” que FinCEN fundamenta es organizada por un segmento del mercado de CVC y el crecimiento anticipado del mercado de LTDA.
El organismo regulador alega haber descubierto que “los actores malignos utilizan cada vez más la CVC con el objetivo de facilitar el financiamiento del terrorismo internacional, la proliferación de armas, la evasión de sanciones y el lavado de dinero transnacional”.
Además, FinCEN ha indicado que los CVC se han utilizado para adquirir y vender sustancias controladas, identificaciones falsas y sustraídas, productos falsificados, productos químicos tóxicos y malware.
Con la finalidad de respaldar dicha opinión, FinCEN enumeró el caso de Estados Unidos contra Cazes, en donde se arguyó que un mercado de la Dark Web conocido como AlphaBay, fue perfilado para comerciar con estos bienes ilícitos.
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