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En el tribunal Federal de Nueva Gales del Sur, el estado más antiguo y poblado de la mancomunidad de Australia, la firma legal JPB Liberty presentó este 14 de agosto 2020, una demanda contra Facebook, Google y Twitter aduciendo han demostrado un comportamiento desleal y anticompetitivo al vetar publicidad de criptomonedas durante 2018.
La firma legal señaló que esta demanda colectiva presentada en la corte federal de Australia en contra de las subsidiarias australianas y las compañías matrices de las empresas por incumplir la Ley de Competencia y Consumo de Australia.
La firma legal señaló que estas prohibiciones afectaron los volúmenes de comercio con criptomonedas, el cual disminuyó en un 60-90% después de que se inició la prohibición de anuncios por lo que se investigarán los daños por las pérdidas globales que sufrieron los miembros e inversores de la industria de las criptomonedas.
La prohibición de publicidad que aduce JPB Liberty en su inicio, tenía como objetivo minimizar el daño a los inversores potenciales en estafas basadas en la oferta inicial de monedas (ICO), pero luego se extendió a todo lo relacionado con la industria blockchain porque, presumiblemente, también había repercusión en las actividades legítimas del sector criptográfico.
El caso se fundamenta principalmente en lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de Competencia y Consumo, que especifica que Australia prohíbe cualquier "acuerdo, arreglo o práctica concertada que tenga el propósito, efecto o efecto probable de reducir sustancialmente la competencia en un mercado, incluso si tal conducta no puede asociarse con las definiciones de otros comportamientos anticompetitivos como los carteles”.
JPB Liberty ha manifestado que continuará el caso judicial en los tribunales federales de Australia, y aclaró que tanto las divisiones australianas como la sede estadounidense de Google y Facebook estarán implicadas.
El caso contempla también, demandar por daños y perjuicios en todo el mundo en los tribunales australianos, a aquellas empresas que hacen negocios en Australia y que pudiesen participar en violaciones de la legislación.
Los fondos para llevar adelante el caso que JPB Liberty ha recaudado provienen de capitalistas de riesgo, financiadores de litigios institucionales e inversores, así como por parte de amigos y familiares del director general de la firma, Andrew Hamilton.
De resultar exitosa esta demanda se pagará una parte del derecho a indemnización por daños y perjuicios del demandante a JPB Liberty y a las personas que financiaron la demanda colectiva.
Además, como la demanda se ha presentado en Australia, la parte perdedora en el caso será responsable de pagar todos los gastos legales incurridos a lo largo del procedimiento.
El abogado transaccional, Andrew Hamilton, CEO de la empresa, reconocido por representar por su experiencia en casos de transacciones de capital de riesgo, capital privado y fusiones, así como en adquisiciones en una amplia variedad de industrias, incluida la tecnología, se refirió a este caso en los medios de comunicación.
Dijo que estos gigantes de la tecnología habían actuado como un cártel en el lanzamiento de la prohibición de anuncios de criptomonedas, con la intención de aplastar la competencia del sector blockchain.
En una entrevista a Etherdesk aseguró que la investigación ha demostrado que la mayoría de los desfalcos relacionadas con las criptomonedas, son imitaciones durante las cuales los estafadores afirman tener altos cargos o estar muy bien relacionados dentro de la industria de criptodivisas, resaltando casos de estafas de imitación usando a YouTube.
La empresa legal invita a las personas que se sientan relacionadas con este caso a responder la pregunta: ¿Cansado de la parcialidad, la censura, las violaciones de seguridad, la falta de privacidad y el comportamiento anticompetitivo?
En caso afirmativo, unirseles a este caso definido en términos legales como una: Acción de Clase como Miembro de la Clase de forma anónima, y de esta forma formar parte de la lucha “contra la Gran Tecnología lo suficientemente grande como para destruirlos y potenciar sus reemplazos descentralizados, seguros y resistentes a la censura”.
Se tiene pautado recibir a otros reclamantes antes del 21 de agosto, fecha en la que culmina el plazo para nuevas inscripciones por parte de cualquier persona que posea o invierta en criptodivisas y sienta que ha sido afectada negativamente.
Hasta ahora la causa suma alrededor de $872 millones australianos o $600 millones de USD en reclamaciones de la comunidad criptográfica, pero se espera que luego de culminado el periodo de aceptación de nuevos reclamantes, la demanda colectiva crezca hasta los 300 mil millones de dólares (USD).
Quien se una a esta demanda, informó la firma JPB Liberty, no tiene la necesidad de desembolsar dinero, porque el bufete se encargará de cancelar los costes de la tramitación del caso, incluyendo los costes jurídicos en los que incurriría la otra parte, en caso que esta demanda colectiva no tenga éxito.
Independientemente de cuál sea cual sea el resultado de la demanda, su desarrollo interesa a muchos actores del mundo criptográfico y ámbitos adyacentes, por ser un hecho latente de seguir incrementándose.
Al final marcará nuevos precedentes en el desarrollo del ecosistema, su publicidad y hasta ocasionará la revisión de otros temas relacionados con las criptomonedas.
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