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Las monedas digitales están siendo utilizadas cada vez más por una gran cantidad de personas a lo largo del mundo, debido a los beneficios que ofrecen a los usuarios no bancarizados. No obstante, en ocasiones puede no ser tan favorable el utilizarlas.
En este sentido, la utilización del activo digital petro, el cual cuenta con el respaldo del Estado podría convertirse en un arma de doble filo para los ciudadanos del país sudamericano. Si bien la moneda virtual tiene la ventaja de que sería capaz de mejorar la economía del país, también es cierto que su utilización podría fortalecer un régimen autoritario, así lo considera William J. Luther, director del Proyecto Sound Money del Instituto Americano de Investigación Económica.
El también profesor asistente de economía en la Florida Atlantic University, expuso sus diversas perspectivas en un artículo para el American Institute for Economic Research (AIER), el pasado 20 de febrero.
En dicho informe, el director del proyecto Sound Money indicó que el activo digital petro tiene la capacidad de estimular la economía de Venezuela al cambiar los métodos para realizar negocios a nivel internacional, además de permitir al país de américa del Sur, eludir las sanciones de los Estados Unidos. Sin embargo, a nivel nacional, los ciudadanos venezolanos no se verán tan beneficiados como se espera. Además, el gobierno de Nicolás Maduro podría utilizar el petro para "monitoreo interno".
“Para las transacciones internacionales, el petro ofrece a los interesados en eludir las sanciones de los Estados Unidos cierta privacidad financiera que no ofrecen las transferencias electrónicas transfronterizas tradicionales. En cambio, para las transacciones internas, casi con certeza ofrece mucha menos privacidad financiera que la moneda de mano a mano” indicó Luther.
Es claro que utilizar el dinero digital emitido por el estado facilitará la transmisión de dinero al interior del país, sin embargo, podría tener un efecto secundario negativo para la misma población a la que trata de beneficiar ya que, por ejemplo sería difícil financiar algún movimiento de oposición al régimen, debido a que el gobierno de Maduro tendría acceso en tiempo real a toda la actividad financiera en el país.
"Es difícil formar mucha oposición sin financiación. Y es difícil recaudar fondos para un movimiento de oposición si los posibles contribuyentes temen ser atrapados y castigados. Al exigir el uso de petro, el régimen de Maduro refuerza su control sobre el poder”, sentenció el profesor asistente de economía.
Además, el economista agregó:
“Al hacer que sea más fácil evitar las sanciones, el petro permite al gobierno recuperar parte de sus ingresos petroleros perdidos. Al hacer que sea más fácil monitorear las transacciones nacionales, el petro ayuda a los esfuerzos para acabar con la oposición política. Y, al reducir la necesidad de imprimir tantas notas nuevas durante los períodos de hiperinflación, el petro reduce la probabilidad y la magnitud de la escasez de efectivo”.
Varios analistas geopolíticos han aceptado ampliamente la teoría de que el gobierno nacional de Venezuela creó el petro como una forma de evadir las sanciones de Estados Unidos, sin embargo, la idea de que dicho activo digital podría actuar como un mecanismo de Gran Hermano (personaje de la novela 1984 de George Orwell, en la que representa al líder todopoderoso del Partido.
En su nombre, los cuerpos de seguridad vigilan a cada ciudadano en todo momento y lugar, por lo que no hay sitio para la intimidad) al servicio del gobierno, ha generado debates al respecto, sobre todo después de que el gobierno de Maduro retirara el apoyo a la única billetera petrolera que no requería del proceso Know Your Customer (KYC).
Actualmente, la única manera de utilizar la moneda digital oficial de Venezuela es por medio de una billetera basada en la web del estado que admite petro, Bitcoin, Litecoin y Dash. La dirección asociada con cada ID de usuario es estática, lo que permite un monitoreo constante de todas las transacciones realizadas por cada ciudadano, una cifra que totalizó 1.2 millones de transacciones en cuestión de días a fines de 2019, según datos del gobierno.
Hacer cumplir el estándar KYC, al igual que los diversos procedimientos que evitan el lavado de dinero implicarán necesariamente la capacidad del estado de exigir información detallada de los bancos con respecto a las operaciones de sus clientes. Es así que los bancos en Venezuela cuentan con la capacidad de retener, revertir, corregir e informar transacciones bancarias en caso de comportamientos sospechosos o irregulares.
Es así que, para obligar a los venezolanos a utilizar el activo digital y dejar de lado la moneda real, a los ciudadanos no se les está permitido elegir si quieren cambiar la privacidad por conveniencia; simplemente se les obliga a hacerlo.
Eso podría violar el derecho legal de los venezolanos a la privacidad bajo la propia constitución del país y varios tratados internacionales.
Al final, la amenaza de la vigilancia masiva de la actividad económica puede ser el menor de los problemas de los venezolanos. Teniendo en cuenta que el salario mínimo de Venezuela está por debajo de la línea de pobreza internacional según las Naciones Unidas, no hay mucha actividad bancaria para que el gobierno vigile.
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